El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), una ONG medioambiental de ámbito mundial, ha expuesto los argumentos en contra de la revisión de la «Norma de Transición Tecnológica» sobre emisiones de HFC anunciada en mayo por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA).
La revisión (o «reconsideración») de la Norma de Transición Tecnológica amplía en varios años los plazos de cumplimiento para el uso de refrigerantes con un potencial de calentamiento global (GWP) mucho menor en los sistemas de los supermercados, las unidades de condensación remotas y los almacenes frigoríficos, entre otros cambios.
Por ejemplo, la norma revisada permite que los nuevos equipos de los supermercados de alimentación utilicen refrigerantes con un PCA máximo de 1.400 a partir del 1 de enero de 2027, en lugar de exigir refrigerantes con límites de PCA de 150 o 300 (dependiendo del tamaño de la carga y de la configuración del equipo). Los límites más bajos se aplazan hasta el 1 de enero de 2032.
La Norma de Transición Tecnológica, aprobada inicialmente en 2023, es una de las tres partes de la Ley de Innovación y Fabricación Estadounidense (AIM), una ley de reducción de emisiones de HFC promulgada en 2020 con el apoyo bipartidista y del sector. Las otras son la norma de Reducción de Emisiones y Recuperación (ER&R) y la reducción gradual de la producción e importación de HFC.
El 20 de julio, el NRDC demandó a la EPA por la revocación de la Norma de Transición Tecnológica ante el Tribunal de Apelación del Circuito de Washington D. C., sumándose a cinco grupos del sector que presentaron demandas similares: la Asociación Internacional de Distribuidores de Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración (HARDI), la Asociación Nacional de Contratistas de Fontanería, Calefacción y Refrigeración (PHCC), la Asociación de Contratistas de Aire Acondicionado de Estados Unidos (ACCA), el Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración (AHRI) y la Alianza para una Política Atmosférica Responsable. El 21 de julio, una coalición formada por 18 fiscales generales estatales y dos municipios emprendió acciones legales similares. Estas diversas demandas se han agrupado en un único procedimiento ante el tribunal.
«Pasará al menos un año, probablemente un año y medio, antes de que se resuelva cualquier asunto relacionado con este litigio. E incluso entonces, la incertidumbre no terminará cuando el tribunal dicte su sentencia. Si prosperan los recursos contra la norma, se restablecerían los requisitos establecidos para 2023. No obstante, la EPA podría decidir entonces promulgar una nueva normativa que intente subsanar las infracciones legales y retrasar de nuevo los plazos de cumplimiento».
Jeremy Arling, investigador principal del NRDC en materia de supercontaminantes, clima y energía
Al mismo tiempo, varias asociaciones del sector minorista de la alimentación presentaron una solicitud de intervención en la demanda consolidada en apoyo de la «Norma de Transición Tecnológica» revisada de la EPA. Entre ellos se encuentran el Retail Litigation Center (RLC), la Asociación de la Industria Alimentaria (FMI), el Instituto Americano de Alimentos Congelados (AFFI) y la Asociación Nacional de Comerciantes (NGA), quienes sostienen que las tiendas necesitan más tiempo para realizar la transición hacia sistemas de refrigeración que cumplan con la normativa.
En una comunicación por correo electrónico con NaturalRefrigerants.com, Jeremy Arling, investigador principal del NRDC en materia de supercontaminantes, clima y energía, estimó que «pasará al menos un año, probablemente un año y medio, antes de que se resuelva cualquier asunto relacionado con este litigio». E incluso entonces, añadió, «la incertidumbre no termina cuando el tribunal dicta su sentencia. Si prosperan los recursos contra la normativa, se restablecerían los requisitos establecidos para 2023. Pero la EPA podría decidir entonces promulgar una nueva normativa que intente subsanar las infracciones legales y retrasar de nuevo esos plazos de cumplimiento».
Los comentarios de Arling se produjeron tras su análisis de los litigios contra la EPA el 18 de agosto en un seminario web organizado por REEF (Foro para la Eliminación de las Emisiones de Refrigerantes) titulado «Análisis realista de los refrigerantes: cómo orientarse en la Ley AIM y las actualizaciones de las políticas estatales». Antes de incorporarse al NRDC, Arling trabajó durante dos décadas en la EPA, donde se encargó de la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono en virtud de la Ley de Aire Limpio y de la reducción gradual de los HFC en virtud de la Ley AIM.
Cuestionando a la EPA
En una entrada de blog del 20 de julio, tres responsables del NRDC del sector de Clima y Energía —David Doniger, abogado sénior y estratega; Richie Kaur, defensora sénior de la reducción de supercontaminantes; y Arling— cuestionaron el razonamiento de la EPA en su reconsideración de la «Norma de Transiciones Tecnológicas».
Uso de equipos antiguos
Al anunciar la norma revisada sobre transiciones tecnológicas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump «improvisó» diciendo que «está evitando que los supermercados y las tiendas de alimentación tengan que desmontar y sustituir sistemas de refrigeración que funcionan perfectamente», señaló el NRDC. Sin embargo, la norma siempre se ha aplicado únicamente a los sistemas nuevos o remodelados. Los equipos antiguos pueden conservarse hasta que sea necesario sustituirlos.
Supuestos ahorros derivados de la norma revisada
En el acto celebrado en la Casa Blanca, Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, afirmaron que sus medidas supondrán un ahorro de 2.400 millones de dólares (2.060 millones de euros), repartidos a lo largo de los próximos 25 años. El NRDC explicó que más de la mitad de esa cantidad (1.500 millones de dólares/1.280 millones de euros) corresponde a lo que la EPA atribuye a otra medida de retroceso que ha propuesto, que debilita un requisito de la norma ER&R destinado a reducir las fugas de HFC de los camiones frigoríficos.
El ahorro que se alega para la revisión de la norma de transiciones tecnológicas ascendería a 976 millones de dólares (836 millones de euros), señaló el NRDC, lo que supone una media de 39 millones de dólares (33 millones de euros) al año durante los próximos 25 años. Para una familia de cuatro miembros, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que la factura media mensual en alimentación asciende a 1.018 dólares (872 euros). «Si se pudiera contar con que los supermercados trasladaran a los consumidores el ahorro derivado de la norma, esa familia ahorraría unos 0,03 dólares (0,026 euros) al mes», calculó el NRDC.
Mayores costes derivados de la normativa revisada
En realidad, los consumidores pagarán más tanto por los productos alimenticios como por la reparación de los sistemas de aire acondicionado domésticos como consecuencia de la norma revisada, debido al aumento de los precios de los refrigerantes que deberán abonar las tiendas, explicó el NRDC.
La Ley AIM exige una reducción gradual de la producción y las importaciones de HFC, que actualmente se sitúan en el 60 % del nivel de referencia y descenderán al 30 % en 2029 y al 15 % en 2036. La norma sobre transiciones tecnológicas tenía por objeto impulsar la adopción de refrigerantes no regulados con bajo potencial de calentamiento global (en particular, los refrigerantes naturales), moderando así la demanda de HFC y protegiendo contra las subidas bruscas de los precios de los HFC. Al retrasar la adopción de refrigerantes con un GWP más bajo, la EPA no podrá evitar que los precios de los HFC se disparen; esto también afectará a aparatos como los aparatos de aire acondicionado domésticos.
Con la revocación de la norma de «Transiciones Tecnológicas», la agencia prevé que la demanda de HFC superará la oferta disponible en 2029 en un 24 % y que los precios de los HFC aumentarán entre un 12 % y un 24 % adicional, señaló el NRDC, añadiendo que los analistas del sector estiman que el aumento global del coste de los refrigerantes ascenderá a casi 8 000 millones de dólares (6 850 millones de euros) al año. Esto provocará «aumentos en los precios de los alimentos que anularán los ahorros que la Casa Blanca ha pregonado».
Las cadenas de supermercados como Kroger y Piggly Wiggly, que apoyaron la revisión de la Norma de Transición Tecnológica, «pagarán más por los HFC en sus tiendas actuales de lo que ahorrarán en las nuevas y en las remodeladas», afirmó el NRDC.
Empresas que se prepararon para la transición
Los fabricantes de equipos declararon ante la EPA que habían realizado inversiones en nuevos sistemas de refrigeración basándose en el calendario de transición de la norma de 2023, señaló el NRDC, y añadió: «Ahora la agencia les está dando la espaldaraza». Aunque pueden seguir vendiendo sus equipos, la EPA «reconoció que se verán superados en precios tanto por fabricantes nacionales como extranjeros de productos de la vieja escuela que no habían invertido en la transición».
Daño al clima
La EPA estima que la norma revisada provocará un aumento de las emisiones de HFC de 68 millones de toneladas métricas de CO₂e entre 2026 y 2050. «Esto equivale a las emisiones de siete centrales eléctricas de gas natural», afirmó el NRDC, añadiendo que las emisiones adicionales procederán, en gran parte, de las importaciones ilegales de HFC a EE. UU.
Rompiendo con décadas de precedentes y requisitos legales, la EPA se negó a estimar el valor en dólares del aumento de las emisiones perjudiciales para el clima que provocará su retroceso, señaló el NRDC. La EPA de la Administración Biden calculó que la reducción de una sola tonelada de emisiones de HFC genera entre decenas de miles y cientos de miles de dólares en beneficios para la salud pública, el medio ambiente y la economía.
Sin embargo, bajo la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Administración Trump, todas las agencias han dejado de calcular los beneficios de la reducción de los gases de efecto invernadero. «Por lo tanto, ahora la EPA valora el daño causado por cada tonelada de emisiones adicionales de HFC en 0 dólares», afirmó el NRDC.
